La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció el jueves ser víctima de una persecución y dijo temer por su vida, pocos días después de que la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente la removiera de su cargo.

Por Girish Gupta / Reuters

La denuncia de Ortega, una antigua aliada del fallecido presidente Hugo Chávez, llega después de su ruptura con el mandatario Nicolás Maduro y de denunciar un quiebre constitucional en medio de cuatro meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 120 muertos.

“Yo no sé qué oscuros propósitos y qué oscuros planes puedan ellos tener, no solamente privarme de mi libertad, sino también privarme de mi vida”, dijo Ortega en una entrevista con Reuters en un apartamento en Caracas, donde apenas estaría algunas horas porque reveló que cambia cada noche de casa.

La asamblea constituyente promovida por Maduro y rechazada por Ortega designó el fin de semana un fiscal provisional, una vez que el máximo tribunal aprobó enjuiciarla, un proceso del que todavía no se conoce su avance y tampoco si implicaría alguna condena en su contra.

“Quiero denunciar ante la comunidad internacional, tengo una persecución permanente, en mi casa, los sitios por donde me desplazo”, relató Ortega. “¿Dónde están mis derechos?”, agregó.

La exfuncionaria contó que un vehículo le sigue los pasos y personas toman fotos en los sitios donde llega, por lo que al menos una vez al día cambia de lugar de pernocta, entre otras medidas de seguridad que ha debido tomar.

“SOY FISCAL GENERAL”

La abogada de 59 años consideró irregular este trato y reiteró que “todos” sus derechos están siendo violados con medidas que “carecen de fundamento” y “sin sentencia firme”.

“En este país a la fiscal general -y yo soy fiscal general y ciudadana venezolana- se le niegan todos los derechos”, afirmó.

El sábado, pocas horas antes que la Asamblea Nacional Constituyente tomara la decisión, unos 200 uniformados rodearon la sede del Ministerio Público y le impidieron a Ortega entrar a su oficina. Ella huyó en una moto y un escolta suyo fue detenido.

En paralelo a su destitución, otros cinco alcaldes han sido también removidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que giró contra ellos órdenes de arresto, forzando a varios a pasar a la clandestinidad.

Maduro y otros miembros de su equipo han acusado a Ortega de “traidora” y de ser cómplice de algunas de las muertes ocurridas en la reciente ola de protestas. Los jueces del TSJ advirtieron además que usó un avión que había sido confiscado a un delincuente.

Ortega, quien ocupó el cargo de fiscal general durante más de una década, anunció en sus últimos días al frente del Ministerio Público una ráfaga de acusaciones contra funcionarios por casos de corrupción y violación de derechos humanos.

Su destitución provocó una lluvia de críticas de gobiernos y otros fiscales del mundo, que se sumaron a la condena internacional contra Maduro, al que sus adversarios acusan de ser un “dictador” y de ser responsable de la crisis que tiene a millones sufriendo por la falta de comida y medicinas.

Ortega dijo que sigue sosteniendo reuniones con representantes de fiscales y gobiernos extranjeros, así como con distintos voceros locales, sin distingo de religiones o posiciones políticas, para “seguir luchando por los derechos de los venezolanos”.

Su expulsión fue una señal de un “creciente socavamiento de las instituciones democráticas y de las instituciones independientes”, dijo la portavoz de los derechos humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra esta semana.